LA GUERRA DEL AGUA EN EL PERÚ (Diario LA REPUBLICA, Perú)

"La guerra del agua” entre Cusco y Arequipa por la reciente firma del contrato de concesión del proyecto Majes-Siguas II amenaza con convertirse en el primer conflicto social en estallar los primeros días del 2011. Este es uno de los 80 conflictos por ese recurso a nivel nacional que aún esperan solución para no derivar en crisis con violencia, muertos y heridos.

Por Cynthia Campos / Luis Poma

Quizá el primer conflicto social en estallar en el Perú el próximo año sea por agua. La firma –el pasado 9 de diciembre– del contrato de concesión para la ejecución del proyecto de irrigación Majes-Siguas II, para irrigar 38 mil 500 hectáreas del valle arequipeño de Siguas, encendió nuevamente la ira de los pobladores de Espinar, Cusco, quienes luego de una paralización de 24 horas esta semana acordaron iniciar una huelga indefinida los primeros días del próximo año como medida de protesta. Ellos afirman que el proyecto trasvasará las aguas del río Apurímac y los dejará a ellos, que aprovechan el caudal para su agricultura, sin el líquido elemento.
El proyecto, cuya buena pro fue otorgada al consorcio Angostura-Siguas (integrado por las empresas Cobra Instalaciones y Seguros –de España– y Cosapi Perú), promete escalar el 2011, si el gobierno no hace nada para prevenir las protestas. Además se está incubando una suerte de antagonismo regional que es muy peligroso. Pero además la disputa Arequipa-Cusco es solo uno de los 80 conflictos por agua que tenemos a nivel nacional, según cifras de la Defensoría del Pueblo. Es decir, el próximo año podría estar marcado por lo que se ha denominado “la guerra por el agua”, sobre todo en el sur del país.
El 2011 no es esperanzador. El reporte Nº 80 de la Defensoría del Pueblo da cuenta de 250 conflictos sociales en el país hasta octubre de este año. De ellos, 80 (32%) tienen como base la disputa por recursos hídricos. “De estos 80 conflictos, 56 (el 70%) fueron registrados como conflictos activos, mientras que los 24 restantes son aún conflictos latentes, es decir, no se han manifestado públicamente”, explica Rolando Luque, defensor adjunto para la prevención de conflictos sociales y gobernabilidad, de la Defensoría del Pueblo.
El conflicto por Majes-Siguas II se ha acentuado a pesar de que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) garantizó que se cumplirán los estudios de afianzamiento hídrico para Espinar, es decir, que no vea afectado su abastecimiento de agua. La misma entidad ha dado a conocer, además, que la distribución de la cuenca alta del río Apurímac (de donde se abastecen Espinar y Arequipa) será de 73% para los proyectos futuros de Cusco y 27% para el proyecto Majes-Siguas II de Arequipa. Igual, la desconfianza persiste. Razones no faltan. Según la ONG Cooperacción, la buena pro no debió ser otorgada porque el Estudio de Impacto Ambiental y el Balance Hídrico no habían sido culminados.
Pero la disputa por el agua en el sur del Perú abarca otras regiones también: los enfrentamientos entre Arequipa, Moquegua y Puno por el agua del río Tambo tampoco se hicieron esperar este año y amenazan con recrudecer en el 2011. La manzana de la discordia esta vez es el agua de la futura represa de Paltiture, que construirá Southern Perú en Arequipa, para cubrir el déficit de agua en la provincia de Islay. Por lo pronto Moquegua y Puno han reclamado el derecho de beneficiarse también de la represa, bajo el argumento de que estas dos regiones se encuentran también en la cuenca del río Tambo, pero no han sido escuchados.

Tía María


En el valle de Tambo, Arequipa, los agricultores también se opusieron este año al proyecto minero Tía María porque iba a afectar el suministro de aguas superficiales o subterráneas. El 22 de noviembre protagonizaron un violento paro de tres días que incluyó enfrentamientos con la Policía. La empresa necesita 7 millones de metros cúbicos de agua al año para producir 120 mil toneladas de cátodos de cobre y los cogía del subsuelo. Ante las protestas, Southern Perú tuvo que cambiar de estrategia. La salida: la minera ha prometido instalar una planta para desalinizar agua de mar, que le significará una inversión de 50 millones de dólares.
No solo en Arequipa, también en Tacna, la empresa Southern enfrenta la protesta de las pobladores. En la provincia tacneña de Candarave la empresa explota 1,500 litros por segundo de agua subterránea y superficial para sus minas de Toquepala y Cuajone. El alcalde del lugar, Mario Copa, ha culpado a la minera del agotamiento del recurso hídrico y de la desertificación de 27 mil hectáreas de humedales.
En busca de una solución, en setiembre de este año el Congreso declaró de interés y necesidad pública el proyecto de trasvase de 6 metros cúbicos por segundo del río Desaguadero, efluente del lago Titicaca, a la región Tacna. La reacción altiplánica fue inmediata. Los dirigentes campesinos respondieron que de ninguna forma permitirán “que se lleven su agua”, postura que fue respaldada por el presidente regional electo Mauricio Rodríguez. El objetivo del proyecto es mitigar la crisis hídrica que existe en Tacna, que tiene un déficit de 8.4 metros cúbicos por segundo en todas sus cuencas, y asegurar el recurso para uso agrícola y poblacional. La Ciudad Heroica, de 300 mil habitantes, tiene agua potable, en promedio, solo unas diez horas al día. Como se ve, algunos tienen agua y otros mucho menos. Y la discordia está latente.
El tema de fondo aquí es que el Estado, a través de sus distintas entidades, ha concesionado gran parte del territorio nacional para operaciones mineras –hay 21 millones de hectáreas concesionadas: 16% del territorio nacional– sin tener en cuenta el daño que los proyectos pueden ocasionar a los ríos y zonas hídricas que atraviesan esas zonas. De igual manera, ha permitido la ejecución de obras de represamiento de aguas que pueden hacer estallar conflictos, porque una región siente que otra le quita el elemento.

El caso Conococha

Esta semana también estalló en Áncash un conflicto que paralizó Huaraz y otras ciudades de la región, aunque al parecer ha culminado a favor de la población. Es el caso de la reciente protesta en contra de la empresa Chancadora Centauro S.A.C. que dejó como saldo un muerto.
Los orígenes del conflicto se remontan a octubre pasado, cuando el Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó permiso a Centauro para realizar actividades mineras –extracción de oro– en el cerro Minaspunta. Con algo no contaron: en sus faldas se encuentra la laguna Conococha, cabecera de las cuencas de los ríos Santa, Fortaleza y Pativilca, además de ser zona de humedales y lugar de paso de especies como vicuñas y hábitat de truchas. La ira ancashina también estalló.
La protesta tomó las calles el 6 de diciembre para pedir la derogatoria del permiso a la minera. El comunero Muñante Cadillo Vergara murió cuando participaba en el bloqueo a la ruta Conococha-Recuay y se enfrentaba a la Policía. La tensión aumentó y cuando parecía que la protesta alcanzaría incluso las ciudades de la costa como Huarmey, Casma y Chimbote el gobierno emitió la resolución 536-2010-MEM/DM –el 12 de diciembre– con la que revocó la autorización para la exploración minera. Chancadora Centauro debía retirarse de la zona.
El miércoles último, La República pudo comprobar que solo había tres empleados de la minera en su campamento ubicado en la localidad de Conococha, a 150 metros de la laguna. Desde el lunes comenzaron el retiro de toda su maquinaria y equipos que llevaron para sus trabajos y solo quedaron las habitaciones y oficinas que se levantaron en el lugar. “Estamos cumpliendo lo dispuesto por el ministerio, nos retiramos del lugar al cancelarse nuestra licencia”, dijo Eduardo Liñán Castañeda, responsable de relaciones comunitarias de la empresa. Ahora la población espera dos cosas: que se declare la intangibilidad de la laguna Conococha para que ninguna empresa pueda realizar operaciones, y que se indemnice a los deudos del comunero fallecido.
Incluso han señalado que de no ser escuchados podrían volver a las calles y a las protestas. Lo mismo puede pasar en otros puntos del país.