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La Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal se pronunciaron criticando los decretos de urgencia que establecen una vía rápida para 33 proyectos de infraestructura de servicios públicos, debido a que estaría flexibilizándose su certificación ambiental. Consideran que la aprobación del estudio de impacto ambiental debe ser requisito previo para la obtención de los permisos administrativos.
Algunos candidatos presidenciales han señalado que no entienden cuál es el apuro ni la urgencia de los decretos para "entregar" estas concesiones al sector privado, y que este tipo de decisiones deberían ser dejadas al próximo gobierno.
Éste es el tercer año que se dictan decretos de urgencia, dada la necesidad de superar una triste realidad: los procesos de concesión por la vía regular demoran en promedio seis años hasta el día del concurso, ya que, entre otros trámites, pasan varias veces por distintas direcciones de varios ministerios, suben a sus ministros y vuelven a bajar a las direcciones, en un peloteo interminable.
Con los decretos de urgencia se simplificaron pasos redundantes, abreviándose trámites con plazos acotados para los pronunciamientos de la Contraloría y el regulador, por ejemplo. Para los años 2009 y 2010 se declararon de urgencia una serie de proyectos. Los que no se llegaron a concursar en el año otorgado fueron prolongados al año siguiente, y algunos se dejaron de lado. Esto dio resultados: en los años 2009 y 2010 se concursaron 11 de los proyectos priorizados, con un monto de inversiones de 1,900 millones de dólares. De los 33 proyectos priorizados este año, 12 vienen del 2010, dos del 2009 y 19 son nuevos.
La urgencia detrás de estos decretos no es la del gobierno y las empresas privadas concesionarias por hacer negocios a como dé lugar, sino la urgencia de atender necesidades básicas insatisfechas de millones de peruanos excluidos en las regiones, que no cuentan con servicios básicos, luz, carreteras asfaltadas, gas, telefonía ni internet.
Equivocadamente, se ha interpretado que los decretos de urgencia obvian o aligeran el requisito de un estudio de impacto ambiental, lo cual no es cierto. Es más, ningún banco ni organismo multilateral financiaría concesiones que no cuenten con un estudio de impacto socioambiental aprobado. Pero ante tanta inquietud, podría precisarse este aspecto del D.U. 001-2011, para tranquilidad de la opinión pública.
Pero los proyectos en los decretos de urgencia son eso, sumamente urgentes. La mayor parte de ellos tomarán más de seis meses en procesarse, excepto algunos que vienen del 2010, y varios no llegarán a concursarse este año, es decir, casi todos los procesos se concursarán durante el próximo gobierno. ¿Qué quieren algunos candidatos? ¿Que el país se paralice porque hay elecciones? ¿Promover los proyectos por la vía regular para que terminen concursándose dentro de seis años, es decir, durante el subsiguiente gobierno?
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