Escribe Ricardo Lago (*).-
http://diariocorreo.pe/columna/54455/varias-maneras-de-bailar-la-conga/
Tuve la oportunidad de conversar con Leopoldo Monzón de Proesmin el jueves sobre el plan integral de desarrollo que ha elaborado con Carlos Paredes, de Sierra Productiva, destinado a las 25 mil familias afectadas por Conga (en un radio de 18 km). Con dicho plan, estas familias lograrán dejar atrás el umbral de pobreza, convertirse en microempresarios y mejorar la condición social de sus integrantes. El costo del plan es diminuto comparado con el tamaño del proyecto: los ingresos y beneficios que generará la inversión de más de 4 mil millones de dólares y, francamente, resulta sorprendente que Yanacocha no haya adoptado dicho plan, y más.
Algunos dicen que el proyecto de Conga generará ingresos fiscales y con ellos los gobiernos nacional y regional podrán emprender las acciones sociales y de desarrollo en la zona. Pero sabemos que no es así, las burocracias nacional y regional son lentas e ineficientes y, desafortunadamente, lo seguirán siendo por mucho tiempo. Ésa es, a mi juicio, la realidad. Además, previo examen de los datos sobre la participación de la minería en los ingresos tributarios del país, mi conclusión es que la minería no está sujeta en manera alguna a una tributación excesiva. El problema de la minería en Perú es de seguridad jurídica, no de carga tributaria. Repito: mi opinión como economista es que la minería en el Perú no tiene una carga tributaria desproporcionada.
El principal beneficiario de incorporar a las familias afectadas en un esquema integral de desarrollo es precisamente la empresa minera Yanacocha, pues al hacerlo movilizaría apoyo entre las familias afectadas por el proyecto, en lugar de dejar que sus quejas, demandas y frustraciones - lógicas, genuinas y legítimas muchas de ellas- sean caldo de cultivo para líderes políticos radicales que lo que quieren es desestabilizar el país para tomar el poder por la fuerza. Yanacocha debería de haber hecho bastante más para traer a bordo a las familias afectadas.
Me sorprende el poco tacto de la nota de prensa de Newmont afirmando que embarcan sus dineros y bártulos y se van a otro sitio. Las reservas de oro en el subsuelo, a nivel mundial, son un recurso preciado y escasísimo, y ya la producción mundial está ya en claro declive (la llamada "Curva de Hubbert"). Así es la cosa: no hay oro en todos los sitios, y donde lo hay también se presentan temas medioambientales y comunidades afectadas que protestan. Si se van, seguro que no faltarán otras empresas mineras, nacionales y multinacionales, que estén interesadas en el proyecto y sean un poco más generosas y justas con el entorno. Creo que la decisión de suspensión temporal del proyecto adoptada por el presidente Humala, dadas las circunstancias, es una buena medida y me parece de buen criterio ponerse en una posición equidistante entre los intereses de la empresa y los de los afectados. Como he venido argumentando en varios artículos, la regionalización que emprendió el Perú a principios de la década pasada estuvo mal concebida y emprendida, y no es de extrañar que surjan "sóviets" insurgentes que se rebelan contra las decisiones del gobierno central contra la legalidad.
No dedicarse al lobby tiene una invaluable prerrogativa: decir lo que uno piensa. Una cosa es ser liberal y defensor del mercado; otra muy distinta es ser reaccionario.
Algunos dicen que el proyecto de Conga generará ingresos fiscales y con ellos los gobiernos nacional y regional podrán emprender las acciones sociales y de desarrollo en la zona. Pero sabemos que no es así, las burocracias nacional y regional son lentas e ineficientes y, desafortunadamente, lo seguirán siendo por mucho tiempo. Ésa es, a mi juicio, la realidad. Además, previo examen de los datos sobre la participación de la minería en los ingresos tributarios del país, mi conclusión es que la minería no está sujeta en manera alguna a una tributación excesiva. El problema de la minería en Perú es de seguridad jurídica, no de carga tributaria. Repito: mi opinión como economista es que la minería en el Perú no tiene una carga tributaria desproporcionada.
El principal beneficiario de incorporar a las familias afectadas en un esquema integral de desarrollo es precisamente la empresa minera Yanacocha, pues al hacerlo movilizaría apoyo entre las familias afectadas por el proyecto, en lugar de dejar que sus quejas, demandas y frustraciones - lógicas, genuinas y legítimas muchas de ellas- sean caldo de cultivo para líderes políticos radicales que lo que quieren es desestabilizar el país para tomar el poder por la fuerza. Yanacocha debería de haber hecho bastante más para traer a bordo a las familias afectadas.
Me sorprende el poco tacto de la nota de prensa de Newmont afirmando que embarcan sus dineros y bártulos y se van a otro sitio. Las reservas de oro en el subsuelo, a nivel mundial, son un recurso preciado y escasísimo, y ya la producción mundial está ya en claro declive (la llamada "Curva de Hubbert"). Así es la cosa: no hay oro en todos los sitios, y donde lo hay también se presentan temas medioambientales y comunidades afectadas que protestan. Si se van, seguro que no faltarán otras empresas mineras, nacionales y multinacionales, que estén interesadas en el proyecto y sean un poco más generosas y justas con el entorno. Creo que la decisión de suspensión temporal del proyecto adoptada por el presidente Humala, dadas las circunstancias, es una buena medida y me parece de buen criterio ponerse en una posición equidistante entre los intereses de la empresa y los de los afectados. Como he venido argumentando en varios artículos, la regionalización que emprendió el Perú a principios de la década pasada estuvo mal concebida y emprendida, y no es de extrañar que surjan "sóviets" insurgentes que se rebelan contra las decisiones del gobierno central contra la legalidad.
No dedicarse al lobby tiene una invaluable prerrogativa: decir lo que uno piensa. Una cosa es ser liberal y defensor del mercado; otra muy distinta es ser reaccionario.
(*) Economista y profesor. Ex director general de Economía en el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, alto funcionario del Banco Mundial y del BID, así como del gobierno de México. Estuva a cargo de las negociaciones entre el Perú y el Banco Mundial -y luego el BID- entre 1987 y 1993.
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