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La página de la agencia oficial de noticias, Andina, destacaba hasta hace pocos días las copiosas y finales inauguraciones de Alan García.
El lunes 1, con las Fiestas Patrias detrás y la realidad de un nuevo gobierno que todavía hay que descifrar en medio de la persistente llovizna limeña, Andina anunció con gran titular que el Congreso va en camino de formar una comisión investigadora contra García.
El primer consejo de ministros de la administración de Ollanta Humala fue celebrado el martes a las cinco de la tarde. Notable porque cerraron la Plaza de Armas en medio de gran afluencia de tráfico de autos oficiales. Los consejos alanistas comenzaban los miércoles muy temprano, cuando los periodistas de CARETAS bostezan los estertores del cierre de edición y en el damero circulan más palomas que parroquianos.
No se ha sabido que la primera dama Nadine Heredia ocupe un puesto en los consejos de ministros. Porque sí pareció una mandataria más en las actividades y las fotos del traspaso de mando. Los guiños a su marido, como lo captaron más de una vez las cámaras de televisión, contenían instrucciones casi telepáticas.
Diferencias, hay. Pero también notables líneas de continuidad. Por encima de los adjetivos, la democracia peruana parece cada vez más familiarizada con el elusivo concepto de políticas de Estado.
No solo porque el último ex viceministro de Economía, Luis Miguel Castilla, es ahora el número uno del todopoderoso MEF.
El ex canciller José Antonio García Belaunde, superviviente de los gabinetes de García, fue designado luego del consejo de ministros inaugural como coagente del Perú ante La Haya. Más aún: el agente titular, Allan Wagner, fue ratificado por el nuevo ministro Rafael Roncagliolo.
Durante el proceso de transferencia, “Joselo” había cruzado ácidas declaraciones con Humala sobre la permanencia del equipo diplomático que supervisa la demanda marítima presentada contra Chile. El Presidente terminó por darle la razón, tanto que lo integró al equipo en giro que además de reconocimiento puede incluir un pequeño presente griego.
Se detectan allí muñeca y olfato políticos. Lo mismo que en los primeros pasos dados por el gabinete presidido por Salomón Lerner, que anunció que velará por el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso Público a la Información y el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas.
“Siomi” declaró a la prensa que fue firmado un “pacto ético ministerial” para cumplir los compromisos de la famosa Hoja de Ruta de Humala.
El compromiso de los ministros incluye “el desempeño de la función pública dentro del respeto del orden constitucional, el estado de Derecho y la normatividad administrativa aplicable, velando por la legalidad de los actos del gobierno”.
Obvio contrapeso al relajo que se armó el 28.
POSTAL BANANERA
Las formas de la democracia son también su fondo.
Mucho se ha discutido sobre la juramentación de Ollanta Humala como Presidente de la República. En el primer documento leído y firmado como Jefe de Estado, Humala juró por “los principios de la Constitución de 1979”. La inmediata rechifla de la bancada fujimorista, por cierto, alcanzó cotas de papelón internacional con la destemplada grita de Martha Chávez, que el martes 2 fue sancionada en el Congreso con 120 días de suspensión.
Así comenzó una jornada de discursos apropiados en un contexto inquietantemente desordenado.
En el análisis posterior destacó la opinión del presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, quien consideró “principista” la mención a la carta magna derogada. Añadió que, según la Constitución actual, “no hay fórmulas obligatorias para jurar como presidente”.
Cierto. El artículo 116 solo establece que “el Presidente de la República presta juramento de ley y asume el cargo, ante el Congreso, el 28 de julio del año en que se realiza la elección”.
Si el gobierno impulsa finalmente una reforma constitucional, debería contemplar esa fórmula única que penalice postales bananeras como la que Humala le mostró al mundo el pasado 28. A diferencia suya, además, sus vicepresidentes sí juraron expresamente, y en medio de la bochornosa protesta naranja, por la Constitución de 1979.
El problema no es la posibilidad de una reforma constitucional, como han pretendido hacer ver los medios que simpatizaron con la candidatura de Keiko Fujimori. La propia Constitución, al fin y al cabo, entraña sus mecanismos para modificarla.
Lo lamentable, en un país de instituciones frágiles y descréditos generales, es trasladar las ocasiones solemnes a una pista de circo de Fiestas Patrias. Y ya habíamos visto bastante con las tres horas de juramentaciones de los congresistas, muchas de ellas caprichosas y sin el mínimo temor al ridículo. Es un proceso de subdesarrollo cívico.
Humala ha pretendido tomar distancia de Hugo Chávez pero aquí es inevitable recordar su juramento, en enero de 1999, “sobre esta moribunda Constitución”. Al ecuatoriano Rafael Correa le pareció “un mensaje poderoso” la mención hecha por Humala. Pero él mismo, cuando asumió el poder en enero del 2007, juró sobriamente “por mandato de la Constitución y en cumplimiento de la voluntad del pueblo ecuatoriano”.
El ejemplo gringo no admite fisuras ni desvíos del libreto especificado constitucionalmente: “Juro (o afirmo) solemnemente que ejecutaré fielmente el cargo de Presidente de Estados Unidos, y me comprometo a preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos con lo mejor de mi habilidad”.
Punto. No hay un solo mandatario que no haya comenzado así su gobierno y el margen de escogencia se limita entre el juramento y la afirmación. Solo Franklin Pierce (1853-1857) optó por la segunda.
El acento “personal” del presidente Humala terminó en la noche del 28 con un “¡viva el Perú, carajo!” cuando terminó su discurso en la Plaza de Armas. Interjección sobrante en un país político saturado de folclor.
DISCORDIA CONSTITUCIONAL
La agenda de la modificación constitucional volvió por la piscina política y fue mucho más allá de probar la temperatura del agua con los dedos. A la controversia sobre la juramentación del Presidente de la República se sumaron las declaraciones de los ministros de Justicia, Francisco Eguiguren, y Producción, Kurt Burneo, quienes reiteraron las intenciones del nuevo gobierno.
Burneo insistió en debatir el capítulo 60 de la actual carta magna, que define el rol subsidiario del Estado. Entrevistado en RPP, el ministro reiteró el ejemplo de la limitación que tiene el Banco de la Nación para otorgar créditos a las micro y pequeñas empresas. Para Burneo, la modificación puede hacerse con una “ley expresa”.
Eguiguren recordó que “toda constitución proporciona un procedimiento de reforma. Ninguna constitución es eterna, son las reglas para que la sociedad camine a la inclusión y el bien común. Cuando una carta magna no responde al cambio que se quiere hacer, y existe el consenso político sobre ese tema, por supuesto, hay que cambiar”.
Antes de asumir su cargo, el ministro de Justicia detalló a CARETAS los puntos en discordia. El ministro asesoró en el anterior período a la bancada de Gana Perú y fue convocado como constitucionalista de cabecera.
En línea con la opinión de Burneo, considera que “se deberían hacer cambios sobre todo en el capítulo referido al régimen económico. El mercado no puede resolverlo todo, el Estado tiene que tener un rol más preponderante. Hay que corregir carencias del modelo en aras de una mayor redistribución de la riqueza”.
Al igual que César Valega, otro constitucionalista que estuvo colaborando con el nacionalismo en las últimas semanas, Eguiguren opina que el Poder Ejecutivo goza de facultades excesivas. Por ejemplo, “en la elaboración del Presupuesto General de la República, nos parece que el Ejecutivo tiene un rol omnímodo, mientras los gobiernos locales y regionales deberían asumir un papel más activo. Esos son cambios necesarios”.
PRESIDENTE Y PARLAMENTO
Esta última opinión pone en primer plano el debate constitucional más importante, que en realidad no es el referido al capítulo económico. La carta de 1993 fue diseñada, por encima de todo, para sustentar un régimen autoritario, con reelección presidencial y un Parlamento casi anulado en su rol de contrapeso del Ejecutivo.
Hugo Chávez y Rafael Correa aplauden ahora la constitución peruana de 1979, pero sus opciones derivan en realidad más cerca de la fujimorista del 93: concentración de poder en las manos del presidente y debilitamiento de las instituciones.
Resulta indudable que la Constitución de 1979, que en su momento no fue firmada por la ultra compuesta por personajes que ahora reclaman su retorno, como Javier Diez Canseco, responde a los valores de una sociedad más democrática. Es también obvio que no resulta práctico aplicar hoy ciertos pasajes como el del capítulo económico. De ahí que el ministro Castilla advierta que “cualquier cambio genera una incertidumbre”.
La Constitución de 1979 consagraba la estabilidad laboral absoluta, la obligatoriedad de que los trabajadores participen en la propiedad y gestión de las empresas privadas –un rezago de la Comunidad Industrial del Gobierno Revolucionario de las FFAA– y hasta el derecho a la sepultura.
Para el líder aprista Luis Alberto Sánchez esa carta “salió demasiado reglamentarista, solo falta el turno de las boticas”.
Pero ya hubo un intento por hacer un nuevo texto constitucional que, sin copiar el del 79, refleje su espíritu en la dimensión institucional mencionada.
En el 2001 el gobierno de transición presidido por Valentín Paniagua creó la Comisión de Estudio de las Bases de la Reforma Constitucional. Una ley posterior estableció que la Comisión de Constitución presente un proyecto de reforma total que tomara “particularmente en cuenta” la carta de 1979, y que fuera luego sometido a referéndum.
El 70% de los artículos fue aprobado en el Congreso pero el debate no llegó a su conclusión.
El presidente Alejandro Toledo le planteó al Acuerdo Nacional, en su discurso del 28 de julio del 2004, rescatar el proceso de reforma.
No ocurrió así pero el ex presidente del Tribunal Constitucional, Javier Alva Orlandini, recordó que el TC definió en ese mismo año las vías para modificar la Carta Magna: a través del Congreso ordinario si obtiene el voto aprobatorio de más de dos tercios, por medio de referéndum luego de que el nuevo texto obtenga el apoyo del 50% más uno de los legisladores y, en último caso, la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
La declaración del “lechuzón”, por cierto, fue convenientemente levantada en la nueva página de la agencia Andina, como el visto bueno del histórico aprista Armando Villanueva. Ahí puede leerse la otra hoja de ruta del gobierno.
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