El semanario londinense The Economist, una de las publicaciones más prestigiosas en materia de política, relaciones internacionales y negocios (vende un millón de ejemplares semanales en Gran Bretaña, Europa, Asia y Norteamérica) dedicó su reportaje de actualidad del 19 de diciembre de 2009 al Cambio Climático y sus resonancias políticas, a propósito de la Cumbre de Copenhague COP 15.
La Ingª Paola Alfaro Mori, especializada en temas de planeamiento estrategico y gestión ambiental, nos ha alcanzado esta estupenda síntesis al reporte de The Economist, cuya lectura recomendamos vivamente.
The Economist, diciembre 2009
Mucho se ha escrito sobre el cambio climático y la COP 15 en Copenhague, algunas veces en forma repetitiva y poco profunda. Uno de los análisis más completos, sin embargo, es el de la revista The Economist, que días antes de realizarse la COP 15, publicó un extenso reporte sobre la economía mundial del carbón. En él se presentan interesantes conclusiones acerca de las reales posibilidades de reducir las emisiones globales de GEI , poniendo en claro las posiciones de los países clave en la negociación y las dificultades que enfrentan a nivel interno.
Una primera aseveración interesante del reporte es que el problema del cambio climático no es tecnológico ni económico. No es tecnológico porque ya se han desarrollado todas las herramientas para seguir disfrutando el mismo estilo de vida que hasta ahora, sin incrementar las emisiones de GEI a la atmósfera; y no es económico porque la mayoría de economistas a nivel mundial está de acuerdo en que las emisiones pueden limitarse sin afectar en mayor grado la economía mundial.
El problema es político; más aún, es el mayor problema político que el mundo ha tenido que enfrentar jamás. Como lo afirma el mismo reporte, a pesar de ser el sistema de comercio mundial el paralelo más cercano, las tareas de la OMC son un juego de niños al lado del problema de cambio climático, ya que los beneficios de mitigarlo son inciertos y distantes, pero la necesidad de acción es urgente.
En efecto, la fuente de los problemas deriva del hecho de que los gobiernos no han dado hasta ahora señales claras y concisas a los empresarios para cambiar sus patrones de inversión. Así, tomando en cuenta la energía que almacenan, y dado que no asumen los costos de la polución que generan, los combustibles fósiles son notablemente baratos y, por tanto, no se puede esperar que las compañías los dejen de lado, a menos que tengan la certeza de que es en su propio beneficio. Dicha seguridad solo puede venir de las señales que les den los gobiernos a través de políticas, pero éstas, en muchos casos, aún no se hacen sentir.
En Estados Unidos, por ejemplo, el proyecto de ley Waxman-Markey de la Casa de Representantes, que trata de reducir las emisiones para el 2020 en apenas 4% respecto al nivel de 1990 (como acordó el G8 en Italia, para que la temperatura no aumente más de 2°C, al 2050, las emisiones globales tendrían que disminuir 50% respecto a 1990), está siendo duramente atacado bajo los argumentos de que va a afectar la economía del país y de que las compensaciones (por “créditos de carbono”) a los países en desarrollo son muy altas. Ya en el Senado, el proyecto se ha visto también estancado debido, entre otros motivos, a la reforma en el sistema de salud, que ha consumido mucho tiempo y energía y generado muchas fricciones entre los partidos políticos, al punto que muchos Republicanos que prometieron su apoyo a esta legislación, se han retractado.
Por otro lado, la distribución de los asientos en el Senado tampoco ayuda. Los americanos que viven en los estados de ambas costas están más dispuestos a mitigar el cambio climático que aquellos estados del interior, en parte debido a que son más liberales y en parte porque se ven más afectados por huracanes e incrementos en el nivel del mar. Los ciudadanos de la costa lamentablemente, están sub-representados debido a que sus estados, a pesar de tener más población, tienen derecho solo a 2 asientos en el Senado. Dado que un proyecto de ley necesita al menos 60 votos de 100 para ser aprobado, senadores que representan apenas al 11% de la población pueden bloquearlo.
El mayor problema del proyecto de ley Waxman-Markey, no obstante, es el sector empresarial, en especial las compañías de petróleo y las de manufactura con uso intensivo de energía que, apenas el proyecto empezó a tratarse en el Congreso, iniciaron un fuerte lobby en contra. Por ello, hoy se discute también la posibilidad de implementar un mecanismo limitado sólo a las empresas eléctricas, el que excluya a las compañías de petróleo.
Pero mucho dependerá del presidente Obama. Si le da su respaldo al proyecto Waxman-Markey, Estados Unidos podría tener al menos una versión debilitada de reducción de emisiones; si no, podría tener algo peor, o tal vez nada.
China, por el contrario, no tiene el problema de congresos testarudos y por ello ha podido hacer serios esfuerzos por reducir sus emisiones. Una de las razones para ello es su vulnerabilidad frente al cambio climático. El monzón parece estar debilitándose y como resultado China está sufriendo de inundaciones en el sudeste y sequías en el noroeste, a la vez que los glaciares de la meseta tibetana se están derritiendo.
Otras razones son el creciente sentido de responsabilidad global chino y las necesidades de seguridad energética, que han llevado a China a inclinarse por la energía nuclear y las energías renovables para diversificar sus fuentes.
La última razón es económica. En primer lugar porque China ha recibido 2 000 millones de dólares a través del MDL (la mitad de lo que ha fluido en total por este mecanismo), para “limpiar” sus procesos industriales y se espera que esta cantidad se incremente a 8 000 millones en el 2012.
En segundo lugar está el hecho de que los chinos conciban a la “energía limpia” como una fuente de crecimiento en vez de una limitación. En efecto, China perdió la oportunidad de ser líder en el campo de la informática. Hoy en día fabrica hardware, pero las firmas americanas poseen casi todo lo de valor, es decir, la propiedad intelectual sobre el software. Así, China anda en busca de la siguiente industria en crecimiento, y la “energía limpia” tiene gran potencial, especialmente si se toma en cuenta que ningún país domina esa industria aún.
En base a ello, este país podría convertirse en el mayor mercado de energía renovable, bioenergía, energía nuclear, intercambio de carbono, tecnología ambiental, además de una economía baja en carbono, exportadora de productos bajos en carbono e innovadora de tecnología baja en carbono.
El gobierno le está dando a la economía un empujón en esa dirección. En el 2006, un plan de 5 años estableció una meta de 20% de reducción en la intensidad energética del PBI para fines del 2010. Al parecer, la meta tiene grandes posibilidades de cumplirse, y de ser así, significaría una disminución de 15 000 millones de toneladas de emisiones de carbón, más que lo establecido como meta en el proyecto Waxman-Markey para el 2020.
Así como Estados Unidos y China, los distintos países llegan a las negociaciones internacionales con diferentes escenarios internos e intereses, y por tanto distintas posiciones, lo que muchas veces entrampa la negociación.
Las discusiones hoy en día se centran en el nivel de emisiones y en el dinero. La principal brecha en el nivel de emisiones se da entre Estados Unidos y el resto del mundo, mientras que la brecha de dinero más grande es la que existe entre los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo. Existen muchas dificultades y desacuerdos en ambos puntos.
Respecto al segundo por ejemplo, la inversión necesaria para “limpiar” la economía mundial, de acuerdo al International Energy Agency es de un billón de dólares al año. De acuerdo al Banco Mundial, 475 mil millones de este monto tendrían que ser gastados en los países en desarrollo. Muchos de estos países sin embargo, están pensando en transferencias gobierno a gobierno, mientras que los países desarrollados plantean una combinación con capital privado.
El sector privado, sin embargo, tiene muchas dificultades para invertir en países en vías de desarrollo, debido a los riesgos políticos, económicos y monetarios que ello implica, pero se está trabajando arduamente en crear mecanismos que mitiguen estos riesgos, entre ellos, la posibilidad de usar fondos públicos de los países ricos para asegurar el capital privado.
Tal como se desprende de todo este análisis que hace The Economist, alcanzar un acuerdo internacional vinculante es necesario, pero finalmente, lo que en realidad importa es cómo estos acuerdos se implementan dentro de cada país. Es una tarea difícil, pero no imposible. La parte económica se puede manejar, la mayoría de la tecnología necesaria ya está disponible. Todo dependerá entonces de los electores y de los líderes políticos, especialmente de países como Estados Unidos.
Desde la firma del Protocolo de Kyoto en 1997, las emisiones de GEI se han elevado en 20%. Dada la opinión de muchos expertos que afirman que los cambios en el sistema climático están a punto de ser irreversibles, no se puede negar que la urgencia de alcanzar un acuerdo vinculante y efectivo en la próxima COP en México es evidente.
Paola Alfaro Mori
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