El economista Humberto Campodónico publica hoy en el Diario La República un comentario sobre el Tratado de Integración Energética Perú-Brasil y su portabandera, el proyecto Hidroeléctrico Inambari. Campodónico plantea dudas sobre la viabilidad económica, comercial, ambiental y social del proyecto.
Honestamente creemos que el columnista es injusto cuando refiere que el Estado Peruano está ausente aquí; que no existe voluntad política en el gobierno para impulsar un verdadero proceso de planificación estratégica; que nos permita negociar en igualdad de condiciones con el Brasil.
Después de 20 años de neoliberalismo económico y de desaparición de la planificación estatal, es natural advertir estas evidencias. Lo importante de todo es que la prospectiva ha sido reactivada en el país -ya desde el gobierno anterior- y el proceso está en marcha.
El Centro Nacional de Planificación Estratégica -CEPLAN viene trabajando en un Plan Nacional de Desarrollo Estratégico PLAN PERÚ 2010-2021 de carácter vinculante. El Ministerio del Ambiente tiene una Política Nacional del Ambiente y se empeña en aprobar en el segundo semestre del año un Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA PERU 2010-2021. Con metas, productos e indicadores de cumplimiento muy reales. Entonces ¿La modorra planificadora post neoliberalismo implica decir que el Estado peruano está ausente? ¿Implica que no hay voluntad política planificadora? "La importante y necesaria integración energética con el Brasil" ¿Precisa de un Estado peruano que esté a la altura del Brasil en asuntos estratégicos? ¿O es importante desde ya que el Perú construya su propia visión prospectiva al tiempo que negocia la viabilidad y ejecución de los proyectos hidroenergétcios?
Inambari tiene que ser costo-eficiente. Tanto para el Perú como para Brasil. Tiene que generar sinergias, complementariedades, ejes de desarrollo. Y los costos e impactos tendrán que ser manejados, mitigados, anticipados, reconvertidos con criterio técnico. No existe proyecto de inversión con cero impacto (ambiental o económico) negativo.
De manera que Inambari está llamado a reportar mayores beneficios que perjuicios. Pero será importante -bajo cualquier concepto- la revisión y evaluación técnica de los expedientes administrativos ex ante.
De manera que Inambari está llamado a reportar mayores beneficios que perjuicios. Pero será importante -bajo cualquier concepto- la revisión y evaluación técnica de los expedientes administrativos ex ante.
Óscar Contreras.-
En el 2009 se firmó un Memorando de Entendimiento entre el Perú y Brasil, concebido como un paso hacia un Tratado de Integración Energética que debiera suscribirse este mes o el próximo. Si bien el tratado tiene múltiples aspectos, el más importante se refiere a la construcción de centrales hidroeléctricas en la Amazonía peruana.
Estas cinco centrales alcanzarían una potencia de 6,673 MW, lo que equivale a la capacidad actual total del Perú de 6,691 MW. Inambari, con 2,000 MW, sería más grande que la hidroeléctrica del Mantaro de Electroperú (900 MW). ¿Cuánto costaría? En su reciente libro, el Ing. Marc Dourojeanni, ex funcionario del Banco Mundial y del BID, dice que unos US$ 16,000 millones (1).
No cabe duda de que el Perú necesita energía para su crecimiento futuro. Si estos proyectos entran en producción en los próximos años (cada proyecto demora más o menos 5 años), es evidente que esas necesidades estarían satisfechas.
Pero, un momentito. La cosa no es tan simple como equiparar demanda con oferta. Hay otros requisitos. Uno es saber cómo se va a repartir la energía producida. Es obvio que no se pueden volver a repetir los “errores” de Camisea (que no son “errores” sino producto de la presión de los “lobbies” exportadores, como lo sabe todo el Perú) y que la energía se vaya al Brasil. Ha asegurado el ministro de Energía que el Perú determinará sus necesidades y solo el remanente se exportará. ¿Será?
¿Cuánto durarán las concesiones? Se dice que serán por 30 años y después revierten al Perú. ¿Será?
¿Quiénes serán los propietarios? Por el lado de Brasil, ya está claro: va a ser la estatal Eletrobrás, asociada con empresas privadas, y con financiamiento de la gigantesca banca de fomento BNDES. Dice Dourojeanni que aquí hay “un círculo vicioso que incluye consultores, empresas de construcción, bancos multilaterales y políticos”. Ojo.
Por el lado peruano, solo se sabe que la estatal Electroperú no puede participar por el criterio neoliberal de la subsidiariedad del Estado en la actividad empresarial. Miren ustedes.
Otro tema clave: ¿cuáles son las consecuencias ambientales y sociales? Se van a inundar amplios territorios y se va a desplazar a miles de personas. ¿Vale la pena? Según muchos expertos, el efecto es negativo. Es clave, entonces, un amplio debate nacional, lo que no se condice con la premura.
Brasil tiene un plan de desarrollo nacional y sabe exactamente los “porqués” de su interés en este proyecto. Muy bien. Pero, ¿y el Perú? Allí está el problema, porque no tenemos Plan Nacional de Desarrollo alguno.
Dice Dourojeanni que cada una de las propuestas para la Amazonía (que incluyen, además, lotes petroleros y explotación minera) “tiene un carácter aislado en su formulación, sin justificaciones económicas o sociales plausibles, sin ninguna reflexión sobre las implicaciones de cada uno sobre los demás ni, mucho menos, sobre sus efectos colaterales. Se proponen carreteras nuevas sin plantear proyectos correlativos de desarrollo rural; se provocan migraciones sin considerar mejorías proporcionales en educación y salud”.
Agrega: “Cuando se analiza el rol de los actores responsables del ‘paquete’ de proyectos, que en verdad ni siquiera es presentado como tal por el gobierno peruano, se descubre, con sorpresa, que sus elementos más significativos no son originados en el Perú que, apenas, pone ‘a la venta’ u ofrece ‘en subasta’ sus necesidades aparentes de infraestructura y sus recursos naturales” (ídem).
Así, la importante y necesaria integración energética con el Brasil tiene un gran talón de Aquiles: que el Estado peruano actual no tiene credibilidad alguna para planificar el desarrollo del país en el largo plazo (tampoco hay un Plan de Desarrollo Territorial). Y, lo que es peor, no hay voluntad política para corregir esta situación. Ese es el problema.
(1) Amazonía Peruana al 2021, Lima, 2010.
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